Cierran con candado puertas giratorias: exfuncionarios tendrán que esperar 10 años para trabajar en IP

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer, en lo general y en lo particular, la Ley de Austeridad Republicana, uno de los compromisos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en julio pasado se aprobó en el Senado. Y ahora pasa al Ejecutivo.

La votación en lo general registró 321 votos a favor, 124 en contra y una abstención; en lo particular recibió 272, 154 y 3, respectivamente.

Hubo un solo ajuste «para mejorar la redacción en uno de sus artículos», pero que no implicó modificación sustancial a la minuta enviada por el Senado. Esta ley establece las disposiciones para el comportamiento austero y probo de los servidores públicos.

A la letra, se lee en el documento que «por ningún motivo se autorizarán bonos, estímulos, comisiones, compensaciones o percepciones extraordinarias al salario asignado fuera de lo que se establezca en el Presupuesto».

Restricciones al uso de información privilegiada


Esta ley, duplica de 5 a 10 años el tiempo que un exfuncionario público de alto nivel puede trabajar en empresas privadas luego de dejar su cargo.
Y establece que funcionarios de alto nivel no podrán trabajar en alguna empresa en la que puedan utilizar la información privilegiada que manejaron como servidores públicos.


Para ello, también se incluyen reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.


La ley establece que los servidores públicos «se sujetarán a la remuneración adecuada y proporcional que conforme a sus responsabilidades se determinen en los presupuestos».


La disposición de austeridad, dicta la ley, será aplicable a todas las dependencias, entidades y organismos que integran la Administración Pública Federal.


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