Cómo superar las barreras a la innovación industrial

México se ha caracterizado, al igual que muchos de los países de la región latinoamericana, por adoptar las tendencias y desarrollos tecnológicos generados por un grupo de países industrializados.

Aunque en años recientes se ha reconocido el papel fundamental de la innovación industrial dentro la política pública de México (La promoción del desarrollo tecnológico e innovación como parte de la política del Estado mexicano tiene su fundamento en la Ley de Ciencia y Tecnología en México (2015) y el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018, Gobierno de la República (2014), México.), aún persisten barreras y retos para alcanzar una masa crítica de innovación industrial, que transforme la estructura y organización de la industria y que siente las bases para un crecimiento económico más dinámico y sostenido.

De acuerdo con el indicador sobre capacidad de innovación del Foro Económico Mundial, México mejoró 5 lugares al pasar de la posición 75 de un total 148 países, a la posición 70 de un total de 137 países entre 2013 y 2018 (http://reports.weforum.org/,datos del Reporte de Competitividad Global 2012- 2013 y 2017- 2018, Foro Económico Mundial, consultado el 24 de octubre de 2018, 16:30 hrs.). Este es un tema de relevancia mayúscula en la agenda de política económica de México, no sólo por el liderazgo competitivo internacional derivado de la capacidad de innovación, sino porque refuerza la capacidad de adaptación y resistencia para dar solución a los grandes problemas nacionales de un país como México.

Nuestro país presenta un grupo de obstáculos y retos que es preciso reorientar para generar un ambiente favorable a la innovación y desarrollo tecnológico. Los recursos destinados a investigación y desarrollo tecnológico (IDT) no sólo son insuficientes, sino que deben asignarse a agendas de investigación estratégicas, que apoyen el uso del desarrollo tecnológico respecto a las necesidades de la planta productiva nacional, bajo criterios de rentabilidad económica y social.

Para ello es preciso definir un sano balance entre la investigación formal (que se realiza fundamentalmente en las instituciones de educación superior mexicanas) e investigación aplicada con fines de comercialización. Precisamente, este segundo tipo de investigación es limitada en nuestro país, por lo que se requiere de un arreglo institucional ad hoc sobre incentivos reales, que vinculen los proyectos de IDT con el proceso de comercialización en gran escala.
Las fuentes de financiamiento privado han sido tradicionalmente menores respecto al financiamiento público para IDT en México (en efecto, el gasto en investigación científica y desarrollo experimental –GIDE– fue de 97.8 miles mdp, equivalente a 0.5% del PIB en 2016, es decir, sólo la mitad del objetivo de política pública de 1% del PIB para 2018; del GIDE total, el financiamiento público aportó 67.4%, en tanto que el privado 20.7% en ese año).

La propia naturaleza de los proyectos de IDT conlleva un elemento de riesgo que mantiene una relación positiva con sus retornos económicos potenciales. En este caso, los incentivos (gastos) fiscales a la innovación en México son un paso en la dirección correcta para el fomento de la innovación industrial, pero es preciso garantizar un sistema integral para el fomento del desarrollo tecnológico e innovación industrial.

Este sistema debe operar con un criterio de fondos competidos para sectores y estrategias con un propósito específico y metodologías de evaluación de su desempeño; también debe contar con una gobernanza corporativa en la asignación de fondos en los distintos órdenes público y privado; se debe contar con un fondo de alcance transversal que asegure la disponibilidad de recursos para los proyectos; y el horizonte de los proyectos de IDT debe ser multianual y ajeno a la coyuntura política y económica del país.

En este tenor, el sector empresarial de México ha propuesto una política de Estado integral de innovación y productividad como parte de la agenda pública del sector privado, cuyos planteamientos dan sustento a las consideraciones sobre un sistema integral de innovación. En particular, esta agenda señala la necesidad de establecer un sistema nacional de investigación, innovación y desarrollo que integre y sistematice los diversos esfuerzos públicos y privados en materia de innovación; así como la búsqueda de una mayor eficiencia y generación de valor agregado en la economía. También se plantea fortalecer los recursos destinados a CONACYT en un orden de 1% del PIB de la economía mexicana y cuyo presupuesto se ejerza con criterios multianuales.

El levantamiento de fondos también requiere del impulso y fortalecimiento de una industria de capital de riesgo en México (hoy en día incipiente), vinculada a proyectos de IDT.

Dos elementos importantes en la conformación de esta política de Estado integral se refieren a la acumulación continua de capital humano y know-how mediante la movilidad laboral, movilidad social e internacional del talento y recursos humanos vinculados a las actividades de innovación de nuestro país; así como el fortalecimiento de la certeza jurídica y protección a los derechos de propiedad mediante un sistema de patentes y protección intelectual/industrial sólido y expedito.
Históricamente, la labor científica y actividad productiva en México son dos ámbitos que han permanecido poco vinculados, lo que ha limitado una mayor generación de valor agregado y frenado un cambio estructural a favor de la innovación tecnológica. Frente a esta situación, el “espíritu” de una política integral del Estado mexicano consiste en crear sinergias entre el trabajo científico de las instituciones de educación superior, la demanda de generación de conocimiento tecnológico con fines comerciales por parte de las empresas, así como la solución de los grandes problemas sociales de México, en particular, una redistribución del ingreso y reducción de la pobreza mediante mecanismos de mercado. El éxito de dicha política de Estado dependerá en gran medida de una alineación correcta de los incentivos de los diversos actores sociales, de tal modo que el esfuerzo y frutos de la IDT a gran escala se implementen bajo criterios efectivos de reciprocidad y beneficio compartido.

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