Ex funcionarios en el sector privado, ¿existe o no conflicto de interés?

Ayer, en la madrugada, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Austeridad Republicana que reforma la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El dictamen fue avalado en lo particular con 60 votos a favor y 29 en contra.

El artículo 24, de entre las disposiciones aprobadas, establece que los funcionarios públicos que ocupen un cargo superior y cuenten con información privilegiada no podrán trabajar en la iniciativa privada por lo menos en 10 años, tras abandonar su cargo, para evitar conflicto de interés.

El artículo 88 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos señala: «Durante el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y un año después, los servidores públicos no podrán solicitar, aceptar o recibir por sí, o por interpósita persona, dinero o cualquier otra donación, servicio, empleo, cargo o comisión para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XIII del artículo 47 y que procedan de cualquier persona cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, que determinen conflicto de intereses».

De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, fracción 6a. del artículo 3. se entiende por conflicto de interés: «La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios«. El artículo 58, en su capítulo II, de la misma ley, estipula: «Incurre en actuación bajo Conflicto de Interés el servidor público que intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga Conflicto de Interés o impedimento legal».

PUERTAS GIRATORIAS

Transparencia Internacional (TI) ha exhortado a los gobiernos, en reiteradas ocasiones, a detener la puerta giratoria entre «posiciones gubernamentales de alto nivel y líderes empresariales».

El término <puertas giratorias>, que tiene su origen en la legislación estadounidense, alude -de forma coloquial- a la transición de funcionarios con altos cargos en el sector público al sector privado o viceversa; es decir, contempla ambos movimiento: alto directivo del sector privado que se incorpora a un cargo relevante en el gobierno, o funcionarios que dejan su cargo público para incorporarse a un corporativo.

Ana Castelini, en su ensayo Lobbies y puertas giratorias, los riesgos de la captura de la decisión pública, explica: «Desde el punto de vista jurídico, la puerta giratoria y el lobby empresarial, en sus distintas modalidades, son problemas que se ubican dentro del campo de los llamados conflictos de interés«.

Castelini refiere tres tipos de conflicto de interés:

a) Explícitos: Cuando los funcionarios públicos tienen o han tenido un vínculo con una empresa privada toman decisiones que favorecen a esa empresa.

b) Aparente: Cuando hay un interés personal que no necesariamente influiría en el funcionario público, no obstante podría dar lugar a que otros consideren que puede influir en el cumplimiento de sus deberes.

c) Potenciales: Cuando el funcionario público tiene un interés personal que puede convertirse en un conflicto de interés en el futuro. El conflicto de interés, no implica necesariamente la comisión de un delito.

No obstante, refiere Castelini, organismos internacionales como la OCDE, el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD), en colaboración con la misma TI, han concluido, en diversos informes, que las puertas giratorias y el lobby (grupo de cabildeo o grupo de presión, en sus diversas formas) sí inciden en el accionar del Estado a favor de empresas, a través de la aprobación de políticas favorables para el sector de actividad del que proviene el funcionario. Señala también que «la posibilidad de ocupar un alto cargo en el sector privado luego de dejar la función pública opera para algunos funcionarios como un incentivo para beneficiar a un supuesto futuro empleador».

Si bien los funcionarios señalados por el Gobierno de México no incurrieron en ningún delito ni existen pruebas -hasta ahora- para acusarlos de corrupción, las puertas giratorias exigen un regulación más agresiva.

Fernando Senties, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento (Ampec), aclara que si bien la ley habla de una restricción de un año tras terminar su encargo, debido a la «utilización indebida de información», la ley no le impide a los servidores públicos dedicarse a la actividad que más les convenga.

«El problema es que el uso indebido de la información se presupone cuando se incorporan a estas empresas», dice. Y agrega: «Sin embargo, sí creo que en muchos casos se labran esas futuras posiciones desde que están en el cargo, y eso sí representaría un conflicto de interés, pero habría que denunciarlo y probarlo».

En Japón, Reino Unido y los Países Bajos tienen que pasar dos años antes de que un ex funcionario ocupe un cargo en el sector privado. México ocupa la posición 138 de 180 en el Índice de Percepción de la Corrupción.

¿Se tendrían que endurecer las medidas para evitar conflictos de interés?

Creo que el tiempo ayudaría sin duda, pero tendría que prohibir explícitamente ser contratado por empresas que por su gestión hayan sido beneficiadas, modificando el artículo 5o de la Constitución, que establece que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Tendría que ser una excepción. Pero no por el uso de la información privilegiada, pues esta, aunque pasen diez años, sigue siendo privilegiada.

La lista de recomendaciones de la OCDE, el PNUD y TI para aligerar los efectos adversos de la puerta giratoria y el lobby empresarial (cabildeo):

  1. Regular el ingreso, tránsito y egreso de los funcionarios públicos mediante leyes y códigos previstos.
  2. Establecer «periodos de enfriamiento», previos y posteriores a ocupar los cargos públicos, si se viene de o se va hacia el sector privado.
  3. Promulgar códigos estrictos que regulen la conducta del ejercicio de la función pública para minimizar los riesgos que generan situaciones abstractas de conflicto de intereses.
  4. Fortalecer los organismos de control y garantizar la autonomía.
  5. Establecer sanciones ante incumplimientos detectados en el ejercicio de la función pública.

EN OTROS PAÍSES

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump elevó de dos a cinco años el tiempo de espera para ocupar cargos en el sector privado de procedencia o para ejercer actividades de lobby, luego de abandonar un cargo público.

Japón, Reino Unido y los Países Bajos tienen lapsos de dos años antes de ocupar una dirección en el sector privado; en Canadá, el periodo de espera es de cinco años y existe un código estricto con 20 recomendaciones específicas para analizar los conflictos de interés.

En Francia existe una Comisión de Ética Pública que analiza la trayectoria posterior a la ocupación de un cargo.

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