Los sueldos de los funcionarios, a debate

La discusión de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, impulsada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha puesto el tema de los salarios de los funcionarios públicos en la agenda pública.

Por: @Parendone

La propuesta de ley, en su artículo 6, señala que “ningún servidor público recibe una remuneración o retribución mayor a la establecida para el Presidente de la República, salvo algunas excepciones que se justifiquen”.

Los partidos de oposición, PAN, PRI y PRD, le pidieron al presidente y a su partido, Morena, que respete la autonomía del poder judicial.

Hace unos días, la ley fue declarada inconstitucional por el ministro de la Suprema Corte, Alberto Pérez Dayán. A la fecha, se cuentan al menos 4 mil 74 amparos de diferentes funcionarios públicos, quienes -en su mayoría- se concentran, de acuerdo a información de El Heraldo, en 351 jueces, 383 magistrados, mil 414 secretarios, 308 actuarios, 712 oficiales judiciales y el resto de otras dependencias, como Pemex, la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), el Instituto Nacional Electoral (INE), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE). La mayoría de los amparos han sido interpuestos por colaboradores del poder judicial.

David López, socio de la firma Asesores Jurídicos López y Asociados, S.C. y Especialista en Derecho Constitucional, explica: “A nivel jurídico existe una contradicción porque la propia constitución dice que ningún servidor público puede ganar más que el presidente (Art. 127), pero también señala que el poder judicial es independiente y que tiene autonomía de gestiones (Art. 116), por lo cual, ellos pueden fijar los salarios de sus empleados de forma discrecional”.

El Poder Judicial contó en 2018 con un presupuesto de más de 71 billones de pesos y algunos especialistas presumen que, a pesar de la austeridad en el presupuesto, este año será mayor. Además, Mario Delgado, líder de Morena en San Lázaro, ha declarado que este poder quedará exento de ajustes salariales, posiblemente obedeciendo a la autonomía.

El abogado y catedrático Alejandro Torres ha externado su crítica en redes sociales hacia el ajuste, hablando de aquellos que no perciben un ingreso tan alto, como el de los magistrados y jueces, podrían resultar perjudicados, ya que ganan lo justo según sus actividades dentro de las instituciones y han ejercido un trayectoria para lograr esos ingresos y posiciones.

Los salarios de magistrados y jueces se encuentran protegidos por el art. 116, quinto apartado, donde se establece que “los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo”.

Por el momento, ante el recurso de inconstitucionalidad, los amparos se encuentran sin resolución, pero otros de los factores que podrían impactar es el presupuesto de egresos 2019, que no ha quedado definido, y la Ley Federal de Austeridad Republicana del Estado, en donde se plantea que por la cantidad de ciudadanos en pobreza y pobreza extrema, se eliminarán las pensiones de expresidentes, bonos y estímulos salariales de funcionarios, restringir el uso de escoltas y asesores y reducir viáticos, etc.

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