No se necesita nueva ley para castigar el outsourcing ilegal

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Al darse a conocer el plan estratégico para combatir la subcontratación ilegal, Germán de la Garza de Vecchi, socio de la firma Mowat, explicó que no se necesita nueva ley para castigar el outsourcing ilegal y tampoco es correcto que sea calificado como crimen organizado.

De Vecchi señaló que con las inspecciones laborales que se plantea la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y con aplicar la Ley Federal del Trabajo (LFT) sobre lo que sí es el outsourcing, basta para hacer buena implementación del mismo.

No es necesaria ninguna nueva ley o reforma para que la práctica de subcontratación ilegal sea castigada, ya que desde las reformas de 2012 se ha ido facultando a las instituciones competentes para resolver los casos que involucren el mal uso de esta práctica.

Germán de la Garza de Vecchi,socio de la firma Mowat

Outsourcing ilegal por subsistencia económica

El pasado 15 de enero, Carlos Romero Aranda, procurador fiscal explicó durante la conferencia mañanera que las empresas contratistas de outsourcing ilegal podrían pasar hasta 14 años en prisión. Mientras que las que proveen el servicio aumentaría a 20 años.

Aranda, comentó que debido a que la reforma aprobada que ya entró en vigor «A las empresas que contraten el servicio y a las que son proveedoras se les juzgará como delincuencia organizada«.

El abogado laboral comentó que esta medida le parece excesiva, puesto que el uso del esquema de subcontratación ilegal no siempre tiene el objetivo de engañar al fisco.

También llegan a implementarse como una razón de subsistencia en un contexto económico adverso de parte de las empresas, o inclusive como un tema interpretativo de la ley, sin ánimos de delinquir.

Germán de la Garza de Vecchi,socio de la firma Mowat

De Vecchi comentó que hasta el momento no hay nada explícito que indique que el uso de este esquema abusivo sea considerado delincuencia organizada.

Las declaraciones oficiales pueden tratarse de un plan de acción que incluya una serie de reformas en materia laboral, fiscal y penal que tipifiquen algunos delitos por las prácticas que realizan las empresas para eludir pago de impuestos.

Por: Brenda Martínez

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