¿Se podrían perder empleos debido a la subcontratación?

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De acuerdo con el Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF) la iniciativa presentada por el diputado Isaías González Cuevas y el senador Napoleón Gómez Urrutia en materia de subcontratación podría atentar contra el empleo formal en México.

¿Se podrían perder empleos?

El CEEF describió la propuesta regularía al outsourcing como excesiva. Mencionó que se ha considerado a los empleos formales generados bajo este esquema como actos simulados que corresponden a actividades prohibidas. Así mismo, destacó que lo necesario es incrementar los mecanismos de supervisión, vigilancia, y sanción a fin de evitar la simulación y la subcontratación dolosa.

Por otra parte, recalcó que al prosperar dicha iniciativa se podrían perder alrededor de 2 millones de empleos relacionados con la subcontratación. Destacó que existen pocas probabilidades que los empleos bajo dicho esquema sean retomados de manera directa por los beneficiarios de servicios, en cambio, existen mayor posibilidad que dicha cifra pase a la informalidad laboral.

La subcontratación

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que existen 29,642,421 personas ocupadas en México. También informó que la subcontratación incrementó, de 2009 a 2014, pasó de 13.6 a 16.6.

La subcontratación se concentra mayormente en las actividades comerciales

¿Es un esquema funcional?

Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) subrayó que la subcontratación es un esquema funcional que promueve el empleo, no obstante considera que es necesario detallar los criterios y procesos de la Reforma para regular dicha práctica para que se cumplan las obligaciones fiscales  de seguridad social.

Aunque Coparmex se pronunció a favor de combatir la subcontratación para evitar fraude al fisco, de seguridad social y hacia los trabajadores notificó que existen riesgos respecto con la iniciativa para Reformar la Ley Federal del Trabajo y Seguro Social en materia de subcontratación laboral debido a que el marco regulatorio no es claro y presenta sanciones excesivas que pueden ser un inhibidor para la inversión.

Por: Alma Gómez

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