#TrabajoInfantil 4 de cada 10 niños trabajan en actividades peligrosas

“No tenemos políticas efectivas para erradicar el trabajo infantil”.

Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Redim.

En 2013 se creó la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes en Edad Permitida, con el fin de coordinar la ejecución y la evaluación de las políticas en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto se elaboró y actualizó el Protocolo de Inspección del Trabajo en materia de Erradicación del Trabajo Infantil y Protección al Trabajo Adolescente Permitido y el Protocolo para Prevenir y Detectar la Trata de Personas en los Centros de Trabajo.

No obstante, a juicio de Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) no cuenta con el personal ni con los mecanismos para garantizar la supervisión de los establecimientos. Y lo peor, sostiene, es que no existen sanciones ni medidas coercitivas.

“Entonces esta impunidad permite que se siga aprovechando la mano de obra de las personas adolescentes sin ningún tipo de consecuencia”, señala.

En el módulo de Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2015, el Inegi reportó que 2.48 millones de niñas y niños de 5 a 17 años trabajaron. De ellos, 38.1% fueron trabajadores no remunerados y se emplearon, principalmente, en el sector agropecuario (3 de cada 10 niños), 25.3% en servicios, y 22.6% en comercios.

Otra cifra que documenta la situación vulnerable de los niños y niñas trabajadores: 4 de cada 10 trabaja en actividades peligrosas.

“En la última década, con mucha fuerza e intencionalidad -afirma Pérez García-, la industria de la construcción recluta a adolescentes indígenas. ¿Por qué? Porque son vulnerables, no hablan el idioma, tienen estudios básicos y eso garantiza que sean mano de obra barata, bastante fiel, sin ninguna posibilidad de defensa. Y hay mucha perversidad cuando la industria, intencionalmente, busca este perfil de adolescentes. Por supuesto que ocurre también en la minería y en la industria agrícola”.

En 2014, Parametría realizó una encuesta en viviendas para recolectar opiniones respecto al trabajo infantil. Destacó un resultado: 8 de cada 10 encuestados se mostraron en desacuerdo con el trabajo infantil. No obstante, la idea de que el trabajo infantil es beneficioso para las niñas, niños y adolescentes aún prevalece en el imaginario social. La encuesta arrojó otro dato alarmante: 67% no sabía la edad mínima permitida por la ley para que los menores trabajen.

En entrevista Juan Martín Pérez García, de la Redim, habla sobre los retos en materia de erradicación del trabajo infantil en México, además de hacer un fuerte llamado al Estado mexicano para el impulso en políticas públicas en la materia.

México ha ratificado el convenio 182 que establece criterios contra el trabajo infantil. No obstante, en el ámbito agrícola, apenas el 25 de marzo pasado se reportó el fallecimiento de 3 niños jornaleros. ¿Qué otras medidas se deben de implementar para avanzar en el tema?

De acuerdo a los datos, 3 millones de niños y niñas están en actividades económicas. 2.5 de niños lo hacen en pequeñas comunidades, en la industria agrícola, en servicios, en comercio informal. Y de ellos, 500 mil desempeña labores de trabajo doméstico. Si bien la Constitución fue modificada y permite el trabajo infantil, legal, a partir de los 16 años, esto no significa que esta población esté protegida. Hechos como el que refieres lo confirman.

Creo que el Estado está fallando gravemente en no desarrollar un diagnóstico apropiado, permitir que las industrias se beneficien de este trabajo adolescente y en condiciones de riesgo impresionante. En estas condiciones, los adolescentes dejan de contar con derecho a la educación y a la salud, por mencionar algunos. Es evidente que la industria se está enriqueciendo con un segmento importante de adolescentes en desventaja.

Elevar la edad mínima para el trabajo infantil es una medida insuficiente sin un sistema que articule medidas gubernamentales, afirma la Redim.

¿Cómo conciliar entre la abolición del trabajo infantil con la necesidad de las familias pobres que se ven obligadas a contar con el ingreso económico de sus hijas e hijos para sobrevivir?

La actividad económica de niños, niñas y adolescentes es una realidad. No lo hacen por voluntad, sino por sobrevivencia. Tenemos 53% de población infantil en pobreza; es decir, 22 millones. Tenemos que diferenciar entre 3 tipos de actividad económica: la primera se realiza en un contexto familiar o comunitario, que no necesariamente es violatoria de derechos humanos, pues forma parte de la tradición cultural, como lo es la transmisión de un oficio de una generación a otra; la segunda, como el caso de los adolescentes que trabajan en la industria de la construcción, implica lucro o plusvalía de su fuerza de trabajo, con lo que dichos jóvenes corren el riesgo de abandonar la escuela o no tienen seguridad social, y la tercera, que es la más brutal, es aquella actividad que es claramente delictiva, y no se puede considerar -bajo ninguna circunstancia- trabajo: adolescentes reclutados por el crimen organizado para ser halcones. Los niños, niñas y adolescentes son fuente de ingreso económico y el Estado está obligado a diferenciar los tipos de actividad y proteger a aquellos que se encuentren en mayor riesgo.

En el Artículo 32 de la Convención sobre los Derechos del Niños (ONU, 1989) se obliga a los Estados a realizar medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para atender el trabajo infantil. ¿Qué políticas hace falta impulsar para abatir la explotación infantil?

El problema de México es que no tiene políticas de Estado, sino programas; es decir, ocurrencias de un Presidentes Municipal, un Gobernador o un Presidente. Nos referimos a política de Estado cuando hay un marco de ley, instituciones responsables, articulación en los órdenes de gobierno y presupuesto. Peña Nieto modificó la Constitución para subir la edad de trabajo permitida y creó una Comisión Interinstitucional para atender el tema, pero nunca tuvo presupuesto. Esa Comisión, a finales de 2018, se convirtió en una Comisión del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), pero no ha sesionado.

Y ahora tenemos un grave problema: se cortó el presupuesto para la Encuesta de Módulo de Trabajo Infantil, del Inegi, en colaboración con la STPS, con lo cual no sabremos si bajará o subirá el número de niños en actividades económicas. Es grave, pues no solo no estamos reconociendo el tema, ni atendiéndolo, sino que ahora incluso quitamos la fuente de información que nos diría qué tan grave es el problema o cómo está mejorando o empeorando.

Existe una creencia extendida en México de que el trabajo infantil es inevitable, aceptable e incluso bueno para la formación de niños, niñas y adolescentes. ¿Hace falta campañas de difusión para modificar esa percepción social? ¿Qué hacer al respecto?

Lo primero que requerimos es que el Estado tenga claridad en esas distintas expresiones. Son comunes y lamentables, sobre todo en los DIF municipales, las campañas de difusión en la que invitan a los ciudadanos a no darles dinero a los niños en los cruceros, pues afirman que “el dinero los daña”. Es una manera muy burda, además del desconocimiento, que criminaliza y discrimina a los niños y adolescentes que están en la vía pública. No es responsabilidad de las personas proveerles de recursos, sino del Estado, que tiene que establecer programas para atenderlos.

Dicho de otra manera: el problema no es el trabajo, sino la desprotección, la desigualdad y la necesidad de vincularse a actividades económicas.

Nadie vincula a sus hijos con actividades por emoción, gusto o método pedagógico, sino por necesidad. En tanto el Estado no resuelva esas necesidad, los niños, niñas y adolescentes van a estar trabajando en los espacios públicos. Esto significaría en los hechos: si tuviéramos una identificación de los niños y niñas que participan en la actividad económica para que sean prioritarios en los programas públicos. Tienen que estar contemplados en los programas de transferencia, son los que tienen que estar en la escuela, tener trabajo social cerca de ellos. De otra manera no hay forma de que las cosas cambien. No se vale responsabilizar a las familias por llevarlos a trabajar y que el Estado se lave las manos cuando es su responsabilidad, como lo establecen las leyes de este país.  

Con el cierre de los comedores populares y la cancelación del programa de jornaleros agrícolas, ¿se incentiva el trabajo infantil?

Efectivamente. Antes las niñas, niños y adolescentes contaban con un comedor popular, si bien asistencial, que les costaba 10 pesos, ahora tienen que pagar, por una comida, 30, 40 o 50 pesos. Eso los orillará a trabajar o no comer una vez al día. Otra consecuencia es que, con ello, se les orilla a trabajos clandestinos, posiblemente criminales. Es un contrasentido, que parte claramente de desconocimiento total.

¿Qué acciones, en el corto plazo, promoverá la Redim en contra del trabajo infantil?

Seguiremos insistiendo para que el Sistema Nacional de Protección Integral cumpla con su responsabilidad y desde ahí se articule la política pública. También haremos un llamado urgente para que se reactive la Comisión para el Trabajo Infantil y exigiremos que se reintegren los recursos al Inegi para contar con el Módulo de Trabajo Infantil. Sin ese dato, sin esa evidencia, todas las acciones estarán basadas en supuestos.

Por Erick Baena Crespo

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Close
shares